El informe de investigación: “Percepciones, creencias, representaciones y prácticas sobre violencia sexual contra niñas y adolescentes (10-19 años) en espacios educativos y hogares de 6 municipios en 2 departamentos de Guatemala”, tiene como objetivo identificar esas percepciones, creencias y prácticas que potencian la violencia sexual tanto en hogares como en espacios educativos, para comprender la problemática y definir mecanismos que contribuya a su desnaturalización y visibilización.

Esta investigación que se enmarca dentro de las acciones del Convenio de Guatemala de InteRed y AIETI, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID): “Por el derecho de niñas, adolescentes y mujeres indígenas y mestizas, a una vida libre de violencias en Guatemala”, se lleva acabo en los municipios del departamento de Guatemala: Guatemala, Chinautla, San Juan Sacatepéquez; y los municipios departamento de Suchitepéquez: Chicacao, San Pablo Jocopilas y San Antonio Suchitepéquez.

El consorcio que ha puesto en marcha este Convenio lo comprenden las siguientes organizaciones socias locales de Guatemala: Centro de Investigación, Capacitación, Apoyo a la Mujer y Juventudes (CICAM), Fundación Pedro Poveda (FPP), Servicios y Capacitación Técnica y Educativa (SERCATE), Asociación de Estudios y Proyectos de Esfuerzo Popular (EPRODEP) y Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras (AGIMS).

Para la comprensión cualitativa de la realidad, se recogieron testimonios y análisis de niñas, niños y adolescentes (NNA), madres, funcionarios y funcionarias de instituciones públicas, autoridades municipales y docentes. Además, se abordó a integrantes del movimiento social, de mujeres y feminista, a medios de comunicación nacionales y municipales e instancias religiosas, así como a promotoras y lideresas.

El proceso investigativo concibió la Violencia Sexual (VS) como un fenómeno estructural que se refleja en el imaginario de sociedades patriarcales, como Guatemala, donde el sistema de poder y dominio jerárquico se basa, además de la opresión de clase, en la subordinación e invisibilización de las mujeres y de lo femenino en oposición a los hombres y lo masculino. En consecuencia, se genera una desigualdad por la pertenencia a un sexo biológico.

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El Estado de Guatemala es responsable de erradicar la VS. Para lograrlo, el país cuenta con un amplio marco jurídico, programas, planes y proyectos que protegen los derechos humanos de las niñas y adolescentes (NA), pero encuentran obstáculos en la práctica. Esto repercute en las condiciones de vida desventajosas de amplios sectores de la población, cada vez más desatendidos por el Estado, pues la inversión presupuestaria para su beneficio es insuficiente, existen pocas iniciativas de Educación Integral en Sexualidad (EIS) y los recortes a programas para la salud integral, sexual y reproductiva de las NA aumentan. Adicionalmente, hay dificultades para dimensionar la incidencia de la VS debido a las deficiencias en los sistemas de registro de información y a la descoordinación interinstitucional, que generan subregistro y desestimación de casos de VS, a lo que se suma una débil cultura de denuncia.

La investigación confirmó la hipótesis de partida, pues corroboró que la VS contra las NA está normalizada en espacios educativos y familiares y constituye un arma de control y sometimiento de parte de los hombres hacia las mujeres. Esta dinámica se reproduce en contextos patriarcales, sexistas, racistas y clasistas en donde los hombres tienen preeminencia sobre las mujeres, que son percibidas como inferiores y objetos de placer.

La investigación concluyó que la VS se manifiesta tanto en población indígena como ladina, independientemente de la clase social, pero que se reproduce y refuerza por factores económicos y por los imaginarios sociales, afectando la vida de las NA, sus familias, sus comunidades y la sociedad en general. Entre los principales hallazgos de la investigación están las percepciones de la población, que confirman un sistema nacional patriarcal reflejado a nivel cotidiano en mecanismos familiares, escolares, políticos, jurídicos y legislativos, con implicaciones en todos los órdenes de la vida.

El origen de la VS es multicausal y las diferentes opresiones y exclusiones que enfrentan las NA la refuerza. A nivel nacional, se identifica acertadamente como primera causa de la VS la estructura patriarcal y la cultura machista, que originan patrones rígidos de género, presión social para que las adolescentes sean madres a temprana edad y silencio alrededor de la VS. También se reconoce la pobreza como condición que precipita la violencia.

A nivel estatal destacan dos factores fundamentales: (I) la ausencia de programas de educación sexual y (II) un sistema de justicia débil.

En lo municipal, se considera como causa principal de la VS la desatención familiar, especialmente las carencias educativas de las madres; además, el machismo, que, según el imaginario colectivo, es transmitido por las madres. Hay acuerdo en que la VS que enfrentan las NA es una extensión de la que vivieron sus madres y otras mujeres cercanas, lo que se refuerza con los medios de comunicación que instalan la violencia simbólica.